El próximo 11 de marzo se repetirá la historia del cambio de mando en Chile de 2010, pero al revés: el presidente millonario Sebastián Piñera devolverá la banda presidencial y la piocha (símbolo de poder) del prócer Bernardo O’Higgins a la médica y socialista Michelle Bachelet.
La ex mandataria, quien ganó la elección del pasado 15 de diciembre con el 62 por ciento de los votos, gobernó al país de 2006 a 2010, y ahora se propone profundizar los cambios en Chile para reducir la desigualdad, con un programa socialdemócrata.
Piñera, por su parte, termina su mandato con un 49 por ciento de popularidad, y ha anunciado que no volverá a sus empresas y seguirá en la política a través de una fundación y un centro de estudios.
Seguramente se convertirá en un referente de la oposición de derecha frente a la nueva administración, y buscaría unir primero a su partido, Renovación Nacional, y a su sector político, que se han dividido después de la derrota ante la Nueva Mayoría de Bachelet.
Chile ha cambiado, y eso se ha verificado en las exigencias de los movimientos sociales que debió enfrentar el gobierno de Piñera, con las protestas estudiantiles contra el lucro en la educación y por una reforma en el sector, así como de la ciudadanía contra el alto costo de la vida.
En las últimas semanas de su mandato, el mandatario está desarrollando una intensa agenda para dar a conocer los éxitos de su gobierno, destacando la reconstrucción de los daños del terremoto ocurrido 11 días después de asumir su cargo.
Su gobierno tiene en su haber la creación de casi un millón de empleos, el alargamiento del post natal a las madres chilenas a seis meses, el buen desempeño económico del país que ha crecido en torno al 5 por ciento, y el reingreso de Chile como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Piñera ha dicho que se siente orgulloso de su país por darle “el privilegio de haber podido, durante cuatro años, ejercer la Presidencia de la República”, y trabajar por “un mejor país para nacer, educarse, trabajar, envejecer, formar familias y dejar una huella y un mejor futuro a nuestros hijos y nietos”.
La gran tarea de Bachelet será dar respuesta a las expectativas y promesas de su campaña electoral, siendo las principales las reformas tributaria y educativa, y una nueva Constitución que refleje los cambios de la sociedad chilena en los últimos 24 años.
Promete “un gobierno abierto”, lo que significa más cercano a la ciudadanía, y dar respuesta a las exigencias de la clase media y los sectores más vulnerables, no sólo respecto al costo de la vida, sino también en cuanto a las oportunidades para tener mayor movilidad social.
La futura presidenta ha definido sus primeras 50 medidas, las cuales abarcan, entre otros temas, la salud, la educación, el crecimiento, los pueblos indígenas y el sensible tema de la reforma tributaria, con la que se pretende obtener los recursos para la reforma educativa.
También incluye la lucha por la seguridad ciudadana, la creación de empleos, el medio ambiente, la descentralización administrativa, la equidad de género, el desarrollo del deporte, terminar la reconstrucción de los daños del terremoto de 2010 y otras.
Esas medidas se dividen en 15 áreas, y tendrán un costo de unos 720 millones de dólares durante 2014, y su foco se centrará en reducir la desigualdad en el país, que está entre las primeras de América Latina.
En su programa de gobierno, Bachelet ha indicado que la economía chilena ha crecido sostenidamente y el país ha construido un sistema de protección social que ha permitido que más chilenos accedan a más servicios y bienes públicos.
Plantea que “el siglo XXI nos exige aumentar nuestra productividad y capacidad innovadora”, y hoy en Chile no se aprovechan los recursos humanos y amplios sectores de la población viven bajo incertidumbre.
Por ello, insta a toda la población a resolver los problemas urgentes y estructurales que vive el país, proponiendo un gran acuerdo nacional.
El gran objetivo, según la mandataria, es reducir en la medida posible las numerosas desigualdades que afronta Chile, “que son una traba para que las personas crezcan y se desarrollen, y también para que el país aproveche todo su potencial y talento”.
Muchas de sus propuestas pueden implementarse en el Congreso con los votos con que cuenta la Nueva Mayoría, integrada por los partidos Socialista, Democristiano, Por la Democracia, Radical, Comunista, Movimiento Amplio Social e Izquierda Cristiana.
Sin embargo, existen las llamadas propuestas orgánicas y la Constitución, cuyas reformas necesitarán los votos de la oposición de derecha, que nunca desde 1990 ha querido apoyarlas.